Un nuevo informe del Centro Ruth Richardson compara los tres modelos y concluye que España necesita reglas automáticas, diversificar fuentes de ingreso en la vejez y dotar de escala real a la capitalización complementaria.
España encara un aumento del gasto en pensiones de 3,6 puntos del PIB hasta 2070 y, según un nuevo informe del Centro Ruth Richardson de la Universidad de las Hespérides, la única vía para blindar el sistema sin deteriorar las prestaciones pasa por una hoja de ruta sustentada en reglas automáticas de ajuste del gasto, una redirección parcial del esfuerzo contributivo desde el reparto hacia la capitalización y un refuerzo sustantivo de la transparencia. El estudio, que es un análisis comparado de la arquitectura previsional de Suecia, Chile y Alemania, extrae lecciones prácticas a partir de su desempeño cuantitativo y de su diseño institucional, al tiempo que evalúa la sostenibilidad y capacidad de pagar pensiones elevadas en cada uno de los países.
En el caso de Suecia, el trabajo describe cómo ha logrado estabilizar el gasto total en pensiones en torno al 10% del PIB, gracias a la reforma de 1994, que introdujo cuentas nocionales y un mecanismo automático que ajusta las prestaciones a ingresos y demografía. Los usuarios del sistema reciben además un “Sobre naranja” anual donde se les provee de información, ayudando a legitimar los ajustes. El informe sostiene que España debería adoptar mecanismos similares de automatismo y comunicación individual para reducir la discrecionalidad política y aportar un horizonte previsible de largo plazo.
Por su parte, Alemania ha blindado la pensión a un nivel mínimo del 48% del salario medio y prevé aumentar las cotizaciones del 18,6% al 22,3%. Paralelamente, ha puesto en marcha un fondo público específico con una dotación inicial de 12.500 millones de euros y un objetivo de acumulación de entre 200.000 y 300.000 millones para 2035. A partir de 2036, se prevén distribuciones anuales en torno a los 10.000 millones, una escala que, sin embargo, resulta insuficiente para proporcionar un alivio significativo al sistema público de pensiones. La experiencia alemana ilustra los límites del blindaje en la pensión cuando no se acompañan de reformas de fondo.
El último ejemplo es Chile, que cuenta con un exitoso modelo de capitalización que aplica una cotización obligatoria del 10% del salario más en torno al 2% en conceptos de comisión y seguro de invalidez, complementada con una pensión de carácter cuasi universal financiada con el presupuesto general (en torno al 2,4% del PIB). La pensión y una alta participación laboral sénior (20% frente al 3,6% en España) eleva los ingresos relativos de los jubilados chilenos por encima del ingreso de los jubilados españoles. El diseño del sistema de pensiones chileno, además, provocó un desarrollo del mercado de capitales, pasando de una capitalización bursátil cercana al 20% del PIB a inicios de los años ochenta a niveles próximos al 100% en apenas dos décadas. El sistema chileno ha ido acumulando activos internos y externos que dan solidez a la capacidad de pago de las pensiones, aliviando el coste fiscal del mantenimiento de los ancianos.
En el indicador de presión intergeneracional, la pensión pública media en España equivale al 66,4% del PIB per cápita (el valor más alto del grupo analizado), lo que señala un esfuerzo fiscal intenso y la conveniencia de reequilibrar la composición de ingresos en la vejez con más peso de ahorro ocupacional e individual y con reglas de ajuste predecibles.
En conjunto, las lecciones para España se traducen en cuatro líneas de actuación: (1) introducir mecanismos automáticos que alineen prestaciones con demografía e ingresos; (2) fortalecer los pilares de ahorro individual del sistema de pensiones y diseñar instrumentos de capitalización eficaces; (3) fomentar la transparencia del sistema de pensiones; y (4) incentivar la prolongación de la vida laboral eliminando penalizaciones y reforzando el vínculo entre aportaciones efectivas y pensión resultante.
Sobre el Centro Ruth Richardson
El Centro Ruth Richardson de Análisis de Políticas Públicas de la Universidad de las Hespérides nace con el propósito de cuestionar las ortodoxias políticas establecidas y desarrollar alternativas fundamentadas en principios de libertad económica, innovación y responsabilidad personal.
Su denominación honra la labor de Ruth Richardson, quien como ministra de Finanzas de Nueva Zelanda entre 1990 y 1993 impulsó audaces transformaciones económicas, que revolucionaron la estructura fiscal y regulatoria neozelandesa, posicionando a este país insular como un modelo global de competitividad, innovación y transparencia institucional.
Con la publicación de este cuarto estudio sobre las pensiones, el Centro Ruth Richardson se afirma como una voz de referencia en el debate sobre políticas públicas españolas, gracias a su compromiso con el análisis riguroso y la transparencia en el tratamiento de cuestiones fundamentales para el futuro de España.