Katherine Flórez plantea que el mayor freno al progreso no es el mercado sino la dependencia del Estado
La discusión sobre el desarrollo económico suele presentarse como un dilema técnico, cuando en realidad es un debate profundamente intelectual y moral, una disputa entre visiones opuestas sobre el papel del Estado, la capacidad de los individuos y la naturaleza misma del progreso. A partir de esa premisa se articuló la intervención de Katherine Flórez Pinilla en una nueva sesión de Food for Thought organizada por la Universidad de las Hespérides, donde la economista propuso revisar críticamente los supuestos que desde hace décadas justifican la planificación estatal como motor del crecimiento.
Katherine Flórez, profesora de desarrollo económico tanto en esta universidad como en la Universidad Externado de Colombia, partió de una observación que atraviesa buena parte de la teoría económica dominante, según la cual la intervención pública se legitima a partir de los llamados fallos del mercado, entendidos como desequilibrios estructurales que el sistema de precios no podría corregir por sí mismo, y sostuvo que esa explicación es incompleta porque suele venir acompañada de un conjunto más amplio de argumentos que conforman lo que denominó una auténtica caja de herramientas del desarrollo económico, integrada por la crítica a la ley de Say, por supuestos éticos de corte igualitarista y por una concepción del progreso que otorga al Estado un papel rector permanente.
En ese marco, repasó el diagnóstico de Raúl Prebisch, quien describía a Iberoamérica como una región atrapada en un círculo vicioso de baja productividad y escasez de capital que sirvió para legitimar durante décadas políticas de sustitución de importaciones, aranceles cercanos al 100 %, controles de cambio y cierres comerciales. Sobre Prebisch, subrayó que, aunque su figura ha desaparecido del debate público, su herencia intelectual sigue viva en las nuevas agendas de industrialización que hoy promueven autores como Mariana Mazzucato, Dani Rodrik y Joseph Stiglitz, ahora revestidas de una técnica planificadora más sofisticada basada en el Estado emprendedor, la regulación inteligente y los planes concertados.
Ese enfoque, señaló, no es una abstracción académica sino una realidad política concreta que se expresa en programas como el Pacto Verde Europeo y en estrategias de soberanía farmacéutica y alimentaria que ya están siendo adoptadas en países como Colombia, donde la política industrial vuelve a ocupar un lugar central bajo nuevos lenguajes y prioridades.
Frente a esta tradición, Katherine Flórez presentó las bases del desarrollo económico liberal, que desplaza el foco desde las supuestas imperfecciones del mercado hacia los fallos inherentes al Estado, en particular las limitaciones de conocimiento del planificador, los incentivos distorsionados que genera la intervención y la ausencia de responsabilidad efectiva por los errores de política, todo ello sustentado en una ética que coloca la propiedad privada y la libertad individual como condiciones necesarias del progreso sostenido.
En el caso colombiano, expuso la agenda L3P, diseñada para “liberar el potencial de las personas y el país” mediante la reducción del tamaño del Estado y la eliminación o fusión de entidades públicas a través del programa FREE. Según sus estimaciones, estos cambios permitirían ahorrar un 11 % del presupuesto, alcanzar déficit cero y lograr “austeridad expansiva”.
Uno de los pasajes más comentados de su intervención condensó el núcleo de su planteamiento, cuando afirmó que “la verdadera dependencia es la dependencia del Estado para salir adelante”, una idea que resume la crítica liberal clásica a los modelos de desarrollo basados en la tutela permanente del poder público.
Durante el turno de preguntas, el debate se centró en cuestiones como los encadenamientos productivos defendidos por el estructuralismo, la eficacia de las estrategias top-down frente al cambio institucional espontáneo, las experiencias comparadas de desregulación en distintos países y los efectos económicos de las reformas impulsadas por el presidente Gustavo Petro, especialmente en los sistemas de salud y pensiones, así como el papel de la ética en las teorías del desarrollo y la vigencia de la ley de Say en las discusiones contemporáneas, confirmando que la pregunta por el desarrollo sigue siendo, ante todo, una pregunta sobre los límites del poder y la confianza en la libertad.