La condonación de la deuda autonómica: Un análisis técnico

El pasado 24 de febrero, la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció que el Estado asumiría 83.252 millones de euros de la deuda que mantienen en la actualidad las comunidades autónomas del régimen común. Una propuesta que salió adelante en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, aunque deberá esperar a su tramitación como Ley Orgánica para que se confirme esta condonación.

Como se puede apreciar en la tabla anterior, no a todas las comunidades autónomas se les condona la misma cantidad de deuda. Esto se debe al mecanismo diseñado por el Ministerio de Hacienda, que introduce hasta cuatro criterios que, como se demostrará a continuación, carecen de una base técnica objetiva.

En primer lugar, se pretende ajustar la condonación para compensar el 75 por ciento del sobreendeudamiento de los gobiernos regionales entre 2010 y 2013. Sin embargo, como se observa en el siguiente gráfico, hay comunidades que reciben una compensación superior al 100 por ciento del endeudamiento de este periodo, entre ellas Andalucía y Canarias. En cambio, para otras comunidades, la quita apenas supera el 50 por ciento del endeudamiento generado en esos cuatro años.

Este 75 por ciento de sobreendeudamiento se reparte entre las comunidades autónomas según la población ajustada, un criterio que, si bien es técnico, es también el causante de la infrafinanciación que padecen algunas regiones, como se muestra en el siguiente gráfico.

En esta primera fase, la deuda condonada a las comunidades autónomas alcanza el 19,33 por ciento del total de su deuda. Este criterio permite condonar una mayor deuda a las comunidades autónomas con menor endeudamiento entre 2010 y 2013, es decir, aquellas que gestionaron mejor sus recursos durante la crisis de deuda. Así, en esta fase, Canarias puede condonar el 45,67 por ciento de su deuda, Galicia el 32,95 por ciento y Madrid el 24,09 por ciento. En cambio, Cataluña solo recibe una condonación del 11,92 por ciento.

Posteriormente, en una segunda fase, se garantiza que todas las regiones alcancen el promedio del 19,33 por ciento. Este criterio no tiene en cuenta ni la infrafinanciación ni la eficiencia en la gestión de los recursos por parte de las comunidades autónomas. Como resultado, Cataluña se beneficia significativamente, aumentando su condonación en un 37 por ciento gracias a este ajuste discrecional.

Finalmente, se establece que aquellas regiones con una financiación homogénea por habitante ajustado inferior a la media entre 2010 y 2022, o que hubieran aumentado el IRPF en ese mismo periodo, recibirán una condonación ajustada para alcanzar los 2.284 euros por habitante ajustado. Si bien puede ser comprensible compensar a las regiones con menor financiación por habitante ajustado, resulta cuestionable que sólo se beneficie a aquellas comunidades que hayan optado por aumentar la presión fiscal en lugar de reducir el gasto.

Dado que se trata de una mutualización de la deuda, esta no desaparece, sino que simplemente se transfiere de un nivel de gobierno a otro. En la práctica, el ahorro que puedan experimentar los ciudadanos como contribuyentes de sus comunidades autónomas se compensa con el coste adicional que asumirán como contribuyentes de la Administración Central del Estado.

Puesto que no todas las comunidades autónomas reciben una condonación equitativa y se aplican criterios discrecionales que favorecen de manera evidente a Cataluña en el marco del pacto de investidura del PSOE con ERC, el resultado final muestra desequilibrios difícilmente justificables. Por ejemplo, Madrid, a pesar de haber incurrido en un menor sobreendeudamiento y contar con una financiación similar a la de Cataluña, sale claramente perjudicada.