El gasto militar en la Unión Europea

El actual contexto geopolítico ha generado un amplio consenso en torno a la necesidad de aumentar significativamente el gasto en defensa dentro de la Unión Europea, especialmente tras la invasión rusa de Ucrania y la retirada de la ayuda a esta última por parte de Estados Unidos. Esto ha llevado a que la Comisión Europea, liderada por Ursula von der Leyen, proponga movilizar hasta 800.000 millones de euros, exigiendo a España un aumento anual de hasta 23.000 millones adicionales en defensa durante los próximos cuatro años.

Sin embargo, esta voluntad inicial de incrementar los recursos destinados a defensa contrasta con la ausencia de un plan claro y definido sobre cómo realizar este rearme y qué necesidades específicas se deben cubrir. En efecto, primero se acuerda gastar más y luego se debate sobre qué partidas específicas deben considerarse como gasto en defensa. Esta falta de claridad genera dudas sobre la eficiencia y pertinencia de las inversiones y pone en riesgo la eficacia de la respuesta europea ante los desafíos actuales.

La dificultad para alcanzar consensos claros entre los 27 países de la UE se debe principalmente a sus distintas prioridades y percepciones de amenaza. Mientras que países del Este de Europa enfatizan el gasto en capacidades militares tradicionales (tanques, drones, baterías antiaéreas), España defiende una interpretación más amplia del gasto en defensa, incluyendo la protección de fronteras, la ciberseguridad y hasta iniciativas para combatir el cambio climático. Esta interpretación ampliada genera resistencia en países más expuestos directamente a amenazas militares convencionales, especialmente frente a Rusia, que ven esta postura como una desviación de las necesidades reales de disuasión.

Estas diferencias quedan reflejadas en la controversia sobre cómo contabilizar el gasto en defensa según la OTAN y COFOG (Clasificación Funcional del gasto de las Administraciones Públicas). Esas discrepancias surgen principalmente por los criterios utilizados en cada metodología. La OTAN incluye en su cálculo, además de los gastos habituales del Ministerio de Defensa, partidas específicas como las pensiones a militares jubilados y civiles empleados en departamentos militares, así como costes asociados a fuerzas policiales y guardias civiles cuando realizan funciones militares. Por otro lado, la metodología COFOG se basa en los criterios de contabilidad nacional, registrando los gastos militares en el momento en que los bienes y servicios son entregados al Ministerio de Defensa, lo que genera ajustes especialmente en las entregas de armamento y sistemas de apoyo.

En el caso de España, el gasto militar registrado por la OTAN es superior al calculado mediante COFOG principalmente porque la OTAN incluye los costes adicionales mencionados en el párrafo anterior. Por ejemplo, sólo el gasto en pensiones de las clases pasivas de militares suma alrededor de  3.300 millones de euros al año. Esto se refleja en las cifras más elevadas que presenta la OTAN (1,2% del PIB en 2023), frente al gasto estimado según COFOG (alrededor del 0,9% del PIB en 2023, último año publicado).

Para España, esta situación es especialmente compleja debido a tres motivos: (1) la situación delicada en la que se encuentran sus cuentas públicas; (2) el bajo gasto militar en comparación con el de sus socios europeos; y (3) la alta fragmentación política que dificulta que se alcancen acuerdos similares a los de otros países (por ejemplo, Alemania).

En definitiva, aunque la propuesta europea de aumentar significativamente el gasto en defensa cuenta con el consenso de la mayoría de los países de la UE, las diferencias de criterios contables, así como las divergencias políticas entre los Estados miembros, dificultan su implementación efectiva. España tiene dificultades añadidas, ya que debe equilibrar las exigencias presupuestarias adicionales impuestas por la Comisión Europea con una realidad política interna compleja, donde la divergencia sobre cómo y dónde destinar los recursos puede complicar aún más alcanzar un consenso nacional sólido y sostenible en materia de defensa.